Colombia reafirma su compromiso contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada con la sanción de la Ley 2529 de 2025

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El 4 de agosto de 2025 fue sancionada la Ley 2529, mediante la cual se aprueba el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto para la Pesca (AMERP), adoptado en Roma en 2009. Este instrumento internacional, promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), busca prevenir, desalentar y eliminar la pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), una de las principales amenazas a la sostenibilidad de los ecosistemas marinos.

Desde el Comité Técnico Nacional contra la Pesca INDNR de la Comisión Colombiana del Océano (CCO), coordinado por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), y conformado por entidades del orden nacional como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores; así como la Fiscalía General de la Nación, la Armada Nacional, la Policía Nacional de Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Dirección General Marítima (DIMAR), Migración Colombia, Parques Nacionales Naturales (PNN), y la Secretaría de Agricultura y Pesca del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; se ha brindado un acompañamiento integral. Por ello, celebramos este hito trascendental para la protección de nuestros océanos y recursos pesqueros.

La sanción presidencial de la ley aprobatoria del AMERP para la pesca, representa un paso decisivo para impedir el ingreso a puertos colombianos de embarcaciones y productos pesqueros de origen ilegal. Esta medida fortalece la protección del bienestar de nuestros pescadores, refuerza el control de actividades ilícitas en el mar y promueve una pesca legal, responsable y sostenible en el país.

Además, tras este logro, Colombia se integra a una red internacional de países que actúan de manera coordinada contra la pesca INDNR, alineándose con los esfuerzos de cooperación, regionales y globales, para su prevención y eliminación.

Este compromiso consolida la gobernanza oceánica nacional, reafirma el liderazgo de Colombia en la conservación marina y le apunta a la construcción de un país marítimo sostenible para las generaciones futuras.